Reivindicacions

SICATP INFORMA: NUESTRA VALORACIÓN A LA SENTENCIA DEL TJUE DE 13 DE JUNIO DE 2024

Compañeros/as,

Como todos sabéis esta mañana se ha publicado la tan esperada sentencia del TJUE sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 17 de Barcelona.

No vamos a repetir aquí las cuestiones prejudiciales por ser ya más que conocidas. La sentencia ya ha sido interpretada de una forma y de la contraria por todos los colectivos afectados, sacando cada uno sus conclusiones con el sesgo correspondiente según estén a favor o en contra de lo que desde que empezó la lucha por la estabilidad laboral de los/as empleados/as públicos/as temporales se ha dado en llamar “fijeza”. Desde SICATP, sindicato comprometido desde nuestros inicios como Asij Catalunya con la lucha por la estabilización; vamos a tratar, de forma resumida y clara, de trasladaros nuestra impresión sosegada de lo que nos aporta y lo que nos “hurta” esta resolución:

Lo que nos aporta:

  • La sentencia, a pesar de no ser taxativa, nunca lo será viniendo del TJUE; permite, si el actual magistrado/a del juzgado es valiente, salvar la situación de la demandante del contencioso de Barcelona y por coherencia la de los demás demandantes de estabilización que tengan sus demandas en Cataluña. ¿Cómo? Pues textualmente: “el juzgado remitente considera que constituiria una medida sancionadora conforme con la cláusula 5 del Acuerdo Marco convertir los sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada objeto de los litigios principales en una relación de empleo por tiempo indefinido en virtud de la cual las demandantes en los litigios principales estuvieran sujetas a las mismas causas de cese y de despido que aquellas que rigen para los funcionarios de carrera sin, no obstante, adquirir la condición de funcionario de carrera. Según dicho juzgado, esta medida sancionadora no implicaría una interpretación contra legem del Derecho nacional.” En palabras llanas; con la fijeza en el puesto reclamado.
 
  • Dado que nuestra legislación nacional no lo prohíbe expresamente para el sector público, esta transformación de la relación de servicio no sería “contra legem” siempre y cuando no se otorgue la condición de funcionario de carrera como sanción.
 
  • Que la convocatoria de procesos selectivos abiertos (libres), aunque sean mediante concurso de méritos, no constituyen sanción suficiente y disuasoria, puesto que SON DE RESULTADO INCIERTO y se permite la participación en ellos de personal no abusado.
 
  • Que la indemnización limitada de 20 días por año con un límite de 12 meses, a favor únicamente del que no supera el proceso; no puede ser considerada sanción disuasoria; y que dicha consideración de sanción es contraria a la directiva. Apartado 81 a 84 de la sentencia, textualmente: “no permite ni la reparación proporcionada y efectiva en las situaciones de abuso que superen una determinada duración en años, ni la reparación adecuada e íntegra de los daños derivados de tales abusos”.
 
  • Que mantenernos contratados en régimen de temporalidad mientras se resuelven los procesos selectivos y después darnos “cuatro perras” por ponernos en la calle; no es sanción.
 
  • Deja claro que el TJUE no es competente para pronunciarse sobre si la 20/21 vulnera los principios de legalidad e irretroactividad. ¿Por qué esto nos parece bueno? Porque, aunque los procesos de la 20/21 no se han diseñado teniendo en el centro de su planteamiento al personal abusado, no van a permitir estabilizar al 100×100 del personal afectado y por tanto no constituyen sanción suficiente y disuasoria ante el abuso; sí van a permitir que un gran número de compañeros/as alcancen la estabilidad laboral después de décadas de precariedad.
 
  • Que el Juzgado competente para conocer la demanda puede obviar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuando esta es contraria a lo dispuesto en el acuerdo marco en cuestión y a la normativa en cuestión.

En contra:

  • Descarta que el abusado pueda adquirir la condición de funcionario de carrera como sanción al abuso, ya que no se contempla la adquisición de esa condición, si no es tras superar un proceso selectivo. El TJUE contesta de esta manera, porque el propio órgano que eleva la cuestión prejudicial así lo dice en la prejudicial.
 
  • Sigue dejando en manos de los tribunales nacionales, como no puede ser de otra manera, dadas las competencias que el Tratado Fundacional de la Unión Europea confiere al TJUE; la interpretación y resolución de los conflictos.

Y hasta aquí los contras, porque sinceramente, no creemos que haya nada más negativo en esta sentencia, sosegadamente leída y releída por los/as miembros de SICATP.

En resumen; esta sentencia podría solucionar la situación de la persona que interpuso la demanda que ha dado lugar a las prejudiciales, siempre y cuando el/la magistrada/o destinado actualmente en el Juzgado Contencioso Administrativo 17 de Barcelona tenga el valor suficiente de aplicarla según su espíritu. Si lo hace así y declara la “fijeza” de la compañera en la plaza reclamada, podría abrir un camino de esperanza para el resto de los compañeros/as de Cataluña que tienen sus procesos pendientes de resolver en nuestro territorio; ya que por coherencia jurídica el resto de los contenciosos deberían fallar en el mismo sentido.

Claro está que ésto supondrá enfrentarse a la curia, al Supremo y a los lobbys sidicastales, dinamitando los principios inmutables del glorioso acceso a la estabilidad en el empleo público, que quedaron atados y bien atados en el siglo XIX, así como reconocer por fin, que en la administración de justicia se ha estado cometiendo abuso y fraude de ley en la contratación durante décadas.

Nuestros Magistrados/as ya tienen la herramienta legal necesaria y la jurisprudencia que necesitan…¿tendrán el valor de aplicarla?

Todo lo anterior nos lleva a la siguiente cuestión, que todos los actores interesados conocen, que los abusados/as padecen y temen y que los sindicatos mayoritarios omiten, posiblemente por complicidad cobarde; y esa cuestión no es otra que la de las costas procesales. ¿Hasta cuando van a seguir imponiendo ciertos integrantes del poder judicial, en ciertos territorios, por suerte no en el nuestro; costas procesales a los demandantes de fijeza? ¿Hasta cuando van a seguir esgrimiendo las costas como arma disuasoria y coactiva contra el trabajador público que no hace otra cosa que reclamar ante una situación de abuso, ya reconocida por otra parte, y en la que la mala fe esta ya más que descartada?

En SICATP tenemos claro que una posible solución, fácil, efectiva y a coste cero para resolver esta situación que se dilata ya demasiado tiempo; es la legislativa. Y por ese motivo ya estamos trabajando activamente en ella. El gobierno debe intervenir y legislar conforme a los principios apuntados por el TJUE y por su propia legislación ya publicada y consolidada. Nuestras administraciones tienen en su mano una herramienta perfecta para terminar con la temporalidad abusiva y a la vez sancionar estabilizando al/a la trabajador/a; el concurso de méritos contemplado en el art. 217 del RD 5/2023, convocado bajo unas bases que supongan una verdadera sanción disuasoria y cuyo resultado para el personal abusado, NO SEA INCIERTO. Todo lo demás serán soluciones cobardes, soluciones a medias y colapso de los tribunales de lo contencioso bajo el peso de demandas y demandas en los juzgados contencioso administrativos.

Seguiremos luchando por los derechos de todo el personal al servicio de esta administración de injusticia, con independencia de que sean titulares o  interinos, no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de lo que creemos justo, y seguiremos luchando por la consolidación del personal con una experiencia más que sobrada y con el mérito  y la capacidad más que demostrada día a día, semana a semana, año tras año en el desempeño del servicio.

 

Sentencia del TJUE sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 17 de Barcelona.

2024-06-14-STJUE

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Edited: 20.48h

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