Reivindicacions

ASIJ CATALUNYA COMUNICA: QUE NO OS CUENTEN CUENTOS, Y SI OS LOS CUENTAN…🙅🏼‍♀️

Compañeros/as,

QUE NO OS CUENTEN CUENTOS, Y SI OS LOS CUENTAN, ESCUCHADLOS DE LA BOCA DE QUIEN ESTÁ EN VUESTRO LADO DE LA TRINCHERA.

A finales del 2020 una organización sindical –para darnos un feliz año nuevo-, se apresuró a remitir un correo electrónico a los funcionarios/as de justicia de Catalunya –no sabemos si de otras comunidades también- soltando el BOMBAZO DEL AÑO “¡ATENCIÓN AL PERSONAL INTERINO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TOMAD NOTA!”. Se hacían eco de una sentencia desestimatoria de las pretensiones de una asociación de interinos; dictada por el Tribunal Supremo alegando que su desestimación suponía respaldar el acierto de ese sindicato al firmar con el Ministerio el acuerdo de concurso-oposición con el requisito del 50% de la nota para aprobar la fase de oposición, así como enorgulleciéndose de su insistencia en que se acumulen las OEP de 2019 y 2020 con el fin de incrementar las plazas con acceso por ese sistema y así reducir la alta tasa de temporalidad.

Mostraron una gran preocupación por el colectivo de interinos, lamentando la situación de todos esos compañeros/as que hemos sido embaucados, porque claro no tenemos personalidad alguna y nos dejamos llevar con facilidad –no pensamos por nosotros mismos, ya lo dicen que no tenemos capacidad ni mérito, por las campañas que han hecho algunos sindicatos beneficiando a algunos despachos de Abogados, preocupándose de verdad 😭 🙏 por nuestro perjuicio económico al desembolsar una cantidad desorbitada –un divorcio, vale más y más tiempo y dinero hemos perdido con las pésimas negociaciones en la recuperación de las pagas extras que a día de hoy, se nos siguen debiendo, pero eso sería quitaros una medallita- a cambio de una triste reclamación administrativa con el poco recorrido que tiene la misma, fue muy dramático todo 😢 pero la verdad es que podemos decir que al menos se han preocupado alguna vez por nosotros 👏, por ese motivo les damos las gracias, somos agradecidos 😆.

Pero para disgusto de ese sindicato, siempre hay un pero en todas las historias; el caso es que no solo hay resoluciones negativas, también las hay favorables, también hay avances, también hay victorias. Por lo que compañeros/as del colectivo de interinos/as de justicia, nosotros/as como organización sindical tenemos el deber; y nos complace tenerlo, de deciros que hay avances en esta lucha y que los únicos que tenéis que valorarlos sois vosotros.

Ya nadie cuestiona que el Derecho Comunitario prevalece sobre el derecho nacional y debe ser aplicado con prevalencia sobre este –Artículo 4 bis Lopj-.

Somos personal de justicia y no hace falta que nos vengan a decir lo contrario, por ese motivo y sin ánimo de querer beneficiar a ningún abogado, pues hay una lista larga de abogados que están llevando demandas de diferentes colectivos, pasamos a resumiros las últimas noticias y novedades en nuestra lucha:

El TJUE dictó Auto el 30 de septiembre de 2020, fundamental en el caso de los interinos, pues, en este Auto que te adjunto, resuelve en sus apartados 23 a 26 lo que sigue:

23 Cuando se produce un abuso de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada, es necesario aplicar una medida que presente garantías efectivas de protección del trabajador con el fin de sancionar debidamente este abuso y eliminar las consecuencias de la violación del derecho de la Unión. En efecto, en virtud de los propios términos del artículo2, primer párrafo de la Directiva 1999/70, los Estados miembros deben adoptar « todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por [la presente] Directiva (sentencia de 4 de julio de 2006, Adeneler e.a., C-212/04, EU:C:2006:443, apartado 102, así como de 19 de marzo de 2020, Sánchez Ruiz e.a., C-103/18 et C-429/18, EU:C:2020:219, punto 88 y jurisprudencia citada).

24 De ello se deduce que, con el fin de que una legislación que prohíbe, en el sector público, la conversión en contrato de trabajo indefinido de una sucesión de contratos de duración determinada, pueda considerarse como conforme al Acuerdo Marco, el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate debe incluir, en este sector, otra medida efectiva que permita evitar, y en este caso, sancionar el uso abusivo de contratos de duración determinada sucesivos (sentencia de 7 de marzo de 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166, apartado 34 y jurisprudencia citada).

25 En consecuencia, en caso de que el órgano jurisdiccional remitente constatase que no existe, en la legislación nacional controvertida en el litigio, ninguna medida efectiva destinada a evitar y sancionar los abusos que pudiesen observarse en relación con los empleados del sector público, esta situación sería tal que socavaría al objetivo y efecto útil de la cláusula 5 del Acuerdo Marco (véase, en este sentido, sentencia de 4 de julio de 2006, Adeneler e.a., C-212/04, EU:C:2006:443, apartados 103 y 104, así como, por analogía, sentencia de 25 de octubre 2018, Sciotto, C-331/17, EU:C:2018:859, apartado 66).

26 Considerando lo anteriormente expuesto, procede responder a las cuestiones planteadas de que la cláusula 5 del Acuerdo Marco debe ser interpretada en el sentido que se opone a la legislación de un Estado miembro que prohíbe, de forma absoluta, en el sector público, la conversión de una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada, en tanto esta legislación no prevea, en relación con este sector, otras medidas efectivas que eviten y, en este caso, sancionen la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos.

En consecuencia, a tenor de este Auto,  si la Legislación de un Estado miembro, como es España, no ha fijado una medida sancionadora para acabar con la precarización de los trabajadores del sector público, procede la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija, sin que pueda invocarse por las autoridades nacionales la normativa interna que sólo en el sector público prohíbe esta conversión, ya que para que opere una prohibición de este tipo, es necesario que la legislación nacional prevea en este sector público– y la legislación española no la prevé- otra medida efectiva para sancionar la utilización abusiva de contratos temporales.  

La obligación que el art. 288 del Tratado de la Unión Europea impone al Derecho interno de los Estados miembros a efectos de conseguir el resultado que deriva de una Directiva, vincula a todas las autoridades nacionales, sean administrativas o judiciales, y ello por encima de cualquier ley nacional. Esto es, no solo los jueces y tribunales nacionales, sino a todos los órganos del Estado, incluidas las autoridades administrativas, de tal forma que como dice el TJUE en su sentencia de 4 de diciembre de 2018, asunto C-97972018, ap.39, “el principio de primacía del Derecho de la Unión, no impone la obligación de garantizar la plena eficacia de las reglas de la Unión Europea únicamente a los órganos judiciales, sino también a todos los demás órganos e instituciones del Estado miembro”.

En este sentido, el Tribunal Constitucional en su sentencia 145/2012, y TS en sentencia de 23 de mayo de 2012, declaran que los Tribunales nacionales tienen un deber positivo de resolver sujetando sus pronunciamientos a la Normativa comunitaria, aunque tales pronunciamientos sean contrarios a lo que disponga la Legislación nacional y que esta obligación se extiende también a las Administraciones Públicas, incluidos organismos reguladores

Precisamente refiriéndose a la Directiva 1999/70, la STJUE de 23 de abril de 2009, Sentencia Angelidaki., apartado 106, en relación con la cláusula 5ª del Acuerdo marco, el TJUE .

“la obligación de los Estados miembros, derivada de una directiva, de alcanzar el resultado que la misma prevé, así como su deber, conforme al artículo 10   CE , de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas, en el marco de sus competencias, las autoridades judiciales, incumbe a todas las autoridades del Estado miembro de que se trate garantizar, en el marco de sus respectivas competencias, la observancia de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del  Acuerdo marco , comprobando concretamente que la normativa nacional que permite la renovación, en el sector público, de los contratos o relaciones laborales de duración determinada sucesivos destinados a atender necesidades provisionales no se utilice, de hecho, para atender necesidades permanentes y duraderas.

Una cuestión prejudicial de Grecia, resulta por el TJUE y más actual: 

El  11 de febrero de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una nueva sentencia, en la que viene a indicar que si un Estado miembro -como es España- no ha establecido en su legislación ninguna medida sancionadora para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Directiva 1999/70/CE, no cabe sino convertir a los empleados públicos, víctimas de un abuso, en empleados públicos fijos, aunque esta conversión sea contraria a lo que establezcan las constituciones nacionales, y por tanto, aunque esta conversión sea contraria a lo que dispone la Constitución de 1978.

Esta sentencia confirma lo que ya había dicho el TJUE en su Auto de 30 de septiembre de 2020 desmembrado más arriba.

En consecuencia, ya no solo es que no haya ningún obstáculo para que esa Entidad transforme a los empleados públicos temporales, víctimas de un abuso, en empleados públicos fijos o equiparables a los fijos, sujetos a las mismas causas de cese, aunque esto pudiera ser contrario a la Constitución de 1978, sino que además, está obligada a hacerlo precisamente porque en la legislación española no existe ninguna medida sancionadora para garantizar el cumplimiento de la Directiva 1999/70 ya que en caso contrario el abuso quedaría sin sanción socavándose los objetivos y el efecto útil de esta Directiva.

Fuente: Javier Arauz

 

El sindicato que nos inspira esta entrada quiso de manera condescendiente, reeducarnos y devolvernos al redil de la pasividad; haciendo una interpretación sesgada de la resolución.

Este sindicato hizo como esos malos estudiantes que nunca aprueban y un día aciertan; gritan su único aprobado publicándolo a los cuatro vientos. Obviando que el profe que les calificó estaba senil, a punto de jubilarse y con problemas de visión.

La jurisprudencia hay que interpretarla en su conjunto y de acuerdo al espíritu de la norma que la inspira.  

Las resoluciones que está dictando el TJUE van todas en una sola dirección. No se puede abusar de los contratos temporales en la administración pública, si se abusa hay que sancionar al estado conforme a la normativa interna, si no hay normativa interna que sancione conforme al apartado 5 del acuerdo marco; la sanción debe ser la fijeza del trabajador que sufre el abuso en el puesto que desempeña.

Y si el TS o cualquier otro tribunal de nuestro Estado no sabe qué hacer, le basta con leer el art. 4 bis de la LOPJ y encontrará el camino de baldosas amarillas que le llevará, en este caso no a Oz, si no a la correcta aplicación del derecho de la UNIÓN EUROPEA en virtud de su primacía sobre el derecho nacional.

Y para finalizar, y al igual que hace esa organización sindical, que se queja con mucha convicción, de que algunas organizaciones sindicales estamos beneficiando a diversos abogados por la publicidad que se les da, pues les diremos que lo que hacemos, ES INFORMAR, al igual que ellos están dando publicidad, informando e inflando los bolsillos de academias y preparadores constantemente.

PORQUE SI NOSOTROS NO LUCHAMOS POR NUESTROS DERECHOS, ¡NADIE LO HARÁ!

Desde ASIJ seguiremos insistiendo, seguiremos luchando 💪 junt@s desde todos los frentes, con firmeza, hasta que nos oigan, por los derechos de tod@s.

¡SEGUIMOS AVANZANDO❗↗

Saludos,

Edited: 22.08h

#EnsEnSortirem💪

#seguiremlluitantfinsaveure’tsomriure😀

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